Berlín, 24 jun. (dpa) – El uso privado de teléfonos móviles debería prohibirse en todas las escuelas de Alemania hasta el séptimo grado (12-13 años), tanto durante las clases como en los recreos, recomendó hoy una comisión convocada por el Ministerio de Familia.
Los expertos del grupo «Protección de la infancia y la juventud en el mundo digital» abogaron por que esto se establezca de manera uniforme en la legislación escolar. A partir del octavo grado, las escuelas deberían estar obligadas a elaborar planes de uso vinculantes junto con los alumnos.
«El uso privado de dispositivos digitales durante las clases distrae considerablemente, dificulta un ambiente de aprendizaje concentrado y limita la interacción social durante los recreos», señala el informe de la comisión designada por la ministra de Familia, Karin Prien.
Además, los expertos alertaron de que el uso del móvil puede agravar los casos de acoso en el ámbito escolar. Asimismo, observaron que las regulaciones varían mucho entre los tipos de escuelas y los estados federados, a cargo de la política educativa en Alemania.
El grupo añadió que, si se implementaran las medidas propuestas, los alumnos aprenderían con mayor concentración y tendrían tiempo y espacio para encuentros personales durante los recreos. Por otro lado, se mostró a favor de mantener el llamado «acceso seguro a los recursos digitales de aprendizaje».
La comisión de expertos, creada en septiembre pasado, elaboró 56 recomendaciones. Estas tienen como objetivo permitir que los niños y jóvenes utilicen los medios digitales y a la vez protegerlos de los peligros.
Por su parte, la ministra Prien abogó por establecer un límite de edad legal de 13 años para el uso autónomo de redes sociales como TikTok, Instagram o Snapchat, una normativa que, en su opinión, debería regularse en el plano europeo.
«En caso de que no se logren avances suficientes y oportunos a nivel europeo, prepararé paralelamente las regulaciones nacionales necesarias», anunció.
Los planes de la ministra incluyen una «reserva legal de autorización», que permitiría que incluso los menores de 13 años puedan utilizar «contenidos que se demuestre que son adecuados para niños y de bajo riesgo». El límite de edad debería ir acompañado de una verificación de edad eficaz. Para los adolescentes de entre 13 y 18 años se aplicarían medidas de protección gradual, subrayó Prien.
La ministra se refirió a una de las recomendaciones de la comisión de expertos. El trasfondo es la preocupación por los riesgos para la salud de los menores, por un lado, debido a contenidos como la pornografía, el discurso de odio o el acoso, y por otro, por los tiempos de uso excesivamente prolongados. Según la comisión, alrededor de 300.000 jóvenes muestran conductas adictivas en Alemania.
Los 18 expertos y expertas no llegaron a un acuerdo en cuanto a la prohibición del uso de las redes para los menores. En cambio, el informe presenta dos alternativas.
Una es la preferida por Prien: un «límite de edad mínimo legal de 13 años» y, para el grupo de edad de 13 a 18 años, «normas de protección escalonadas».
La segunda opción propone que se renuncie a «un límite de edad legal uniforme». En su lugar, se debería complementar en la Unión Europea la Ley de Servicios Digitales con una norma vinculante, «según la cual se restrinjan las cuentas, los servicios o las funciones individuales para determinados grupos de edad, siempre que estos presenten riesgos especiales de impacto o de uso», tal como se indica en el informe de los expertos.
«El límite de edad aplicable en cada caso concreto debería determinarse a partir de la evaluación de riesgos de la oferta en cuestión».
La solución preferida por Prien equivale, en comparación internacional, a una restricción blanda: se aplicaría solo a los niños y permitiría excepciones.
La comisión de expertos coincidió en lo siguiente: «En ambas alternativas, se deben evitar las medidas nacionales unilaterales», ya que, como las plataformas ofrecen sus servicios a nivel transfronterizo, las normas nacionales serían difíciles de hacer cumplir. Además, observaron que no está claro si las regulaciones nacionales podrían prevalecer frente a la legislación europea.
En general, los expertos abogaron por responsabilizar menos a los niños y adolescentes y más a los proveedores de las plataformas. Recomendaron «un catálogo obligatorio de configuraciones predeterminadas seguras y adecuadas para la edad», destinadas sobre todo a reducir el riesgo de adicción.
Prien destacó que se trata de una tarea que involucra a toda la sociedad, tanto al Gobierno, las autoridades regionales y municipales, como las escuelas, los centros de atención juvenil y las familias.
«Nuestro objetivo es una estrategia integral orientada al futuro que fortalezca por igual la protección, el empoderamiento y la participación, y que combine de manera inteligente la regulación, la educación y la prevención», subrayó la ministra.